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El Senado aprobó los decretos enviados por el Ejecutivo

La Legislatura dejó firme el paquetazo de decretos para la reforma del Estadomayoría. El oficialismo en la cámara alta aprobó los decretos sin problemas.

Ayer, la Cámara alta aprobó los decretos con los que se derogaban las leyes de reparto de las regalías mineras y de coparticipación municipal y con los que se avanzaba con la modificación de Vialidad y el IPV (entre otros). El miércoles, la Cámara de Diputados había aprobado por su cuenta y en una sola sesión todos los instrumentos emitidos por el Gobierno antes de que se inicien las sesiones ordinarias.

Durante el desarrollo de la sesión, hubo fuertes planteos de la oposición que, a diferencia del plenario de la semana pasada, cuando acompañó al oficialismo, afirmó que la Cámara alta perdió su facultad de debatir las iniciativas que manda el Ejecutivo.

Primeramente, se trataron los decretos que modificaron la estructura orgánica del IPV y de Vialidad. “Tradicionalmente existían organismos que cumplían funciones idénticas y con competencias superpuestas, tales como la Secretaría de la Vivienda, el IPV y de la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles", dijo el senador por la Capital, Maximiliano Brumec, quien fue el encargado de justificar los decretos.

En ese marco, afirmó que "como es política prioritaria del Ejecutivo reducir el gasto público, corresponde propiciar medidas tendientes hacia su mayor eficiencia y racionalización”.

Finalmente, dejó en claro que estas modificaciones “no van a perjudicar el derecho de ningún trabajador, sino todo lo contrario, ya que traerá mayor eficacia”.

Por su parte, el senador Raúl Barot defendió el decreto que derogó el régimen de coparticipación municipal al afirmar que “el principal objetivo fue ayudar a todos los municipios del interior”.

“Este decreto deroga el Fondo de Desarrollo y el Fondo de Emergencia, y vuelca ese porcentaje de forma automática a las arcas de los municipios para que entren a afrontar las obligaciones ejecutivas necesarias inherentes para poder dar solución a todos los habitantes de cada municipio”, dijo.

“Con esto, el Poder Ejecutivo está ayudando a todos los municipios, sin distinción de ninguno, para que no se resienta el pago de sueldos y obligaciones para la prestación de todos los servicios para evitar que tengan problemas financieros mientras dure la emergencia”.

Desde la oposición, fue el presidente del bloque de la UCR, Ariel Cordero, el que cuestionó los instrumentos emitidos por el Gobierno. Dijo que la aprobación sin debate de los decretos "precariza el trabajo del Senado".

Añadió que los decretos que tocan fondos municipales deberían haber sido tratados por los Concejos Deliberantes de cada municipio y que el instrumento que deroga la coparticipación "a la larga va a perjudicar a los municipios chicos".

Afirmó que en la reunión entre intendentes y el Gobierno, los jefes comunales otorgaron estos fondos en forma transitoria y no para siempre. Añadió que la ley derogada tenía un artículo que garantizaba la ayuda del Gobierno a los municipios para el pago de sueldos y su funcionamiento.

Finalmente, afirmó que con estas medidas, los municipios podrían dejar de ser autónomos y por tal situación el Senado "en el corto plazo deberá rever esta situación y avanzar en una nueva ley de coparticipación".

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