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"Proponemos que los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley"

La diputada provincial Natalia Saseta (PRO-Cambiemos) presentó de ley que tiene como objeto “Crear un Sistema Virtual WEB on-line mediante el cual los ciudadanos podrán ejercer el derecho de iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley provincial”, para ello, solicita que se materialice “lo dispuesto en el art 114 de nuestra constitución provincial”.

Saseta recordó lo expresado en nuestra Constitución Provincial que reza en su CAPÍTULO V “PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE LAS LEYES” y en su artículo 114 ultimo párrafo, dispone: “…Podrán también ser iniciadas por petición suscriptas por el uno por ciento de los electores inscriptos en el padrón mediante propuestas de ley, formuladas o no, presentadas a la Legislatura”.

Asimismo, la diputada apeló en sus fundamentos a la reforma constitucional de 1994 que  incorporó el derecho de iniciativa de los ciudadanos para presentar proyectos de ley, con algunas limitaciones y sostuvo “en efecto, el artículo 39 de la Constitución Nacional determina que no pueden ser objeto de este tipo de iniciativa los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal” y agregó “dispone además que los proyectos deberán ser presentados ante la Cámara de Diputados y que “el Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses”.

“Cuando se trate de una iniciativa sobre materia de alcance sólo regional, el porcentual se aplicará respecto al padrón del total de las provincias que componen la región involucrada” aseguró Saseta..

La iniciativa popular deberá instrumentarse por escrito y contener la petición en forma de ley, una exposición de motivos fundada, el nombre y apellido del o de los promotores —que asumen responsabilidad personal—, la descripción de los gastos efectuados y del origen de los recursos durante el período previo a la presentación del proyecto en la Cámara, y los pliegos con las firmas de los peticionantes y sus datos personales.

Para ello es importante que “la recolección de firmas para promover la iniciativa se hace en planillas que deberán contener un resumen del proyecto que se va a presentar, con la información esencial —que verificará el Defensor del Pueblo con anterioridad a la circulación para su firma—, y la mención de los promotores”, argumentó.

La Justicia Nacional Electoral es la encargada de la verificación por muestreo de la autenticidad de las firmas y tiene a su cargo asimismo el contralor de la ley reglamentaria. En caso de constatarse irregularidades en un 5 % al menos de las firmas presentadas se desestimará el proyecto de iniciativa popular.

Presentada la iniciativa popular, la Presidencia de la H. Cámara de Diputados la gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dictaminará sobre su admisibilidad formal. Admitido el proyecto y una vez incluido como asunto entrado, el proyecto sigue el trámite constitucional para la formación y sanción de las leyes. El proyecto podrá girarse a una o más comisiones, según la materia de que trate, y ellas tendrán el plazo que fija la ley —15 días— para dictaminar, vencido el cual se procederá a su tratamiento por el pleno. Los promotores de la iniciativa pueden participar de las reuniones de comisión. Vencido dicho plazo, con o sin despacho, la Cámara de Diputados procede a su consideración. El Congreso dispone de doce meses para su tratamiento.

“La reglamentación especifica en detalle las contribuciones y los aportes que están expresamente prohibidos para el financiamiento de los proyectos de ley por iniciativa popular” dijo y además aportó “el principio general, entonces, establece que los proyectos de ley pueden presentarse indistintamente en cualquiera de las Cámaras. Se trata de las iniciativas comunes de ambas Cámaras. Sin embargo, hay excepciones a este principio y ellas están determinadas en la misma Constitución. Son las iniciativas exclusivas de cada Cámara”.

Asimismo la legisladora comentó “hay otros aspectos de la actividad de las Cámaras que no están relacionados con el trámite legislativo —es decir, con el trámite de un proyecto de ley—, pero en los que también se manifiesta la circunstancia de que cada Cámara tiene atribuciones que le son propias. En el caso de la Cámara de Diputados, ésta ejerce exclusivamente el derecho de acusar ante el Senado a los altos magistrados de la provincia”, y añadió “Asímismo, el Senado dispone de otras atribuciones exclusivas que, sin estar relacionadas con el trámite de proyectos de ley, es importante señalar por su trascendencia institucional. “Corresponde al Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados”.

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