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"Aplicaron contra nosotras una sancion que atenta contra la libertad de pensamiento"

Gabriela Nieva Larcher, una de las mujeres radicales, sancionada por el tribunal de disciplina de la UCR se refirió a la decision adoptada en relación a la sanción impuesta por brindar una opinion politica

En dialogo con FM REPUBLICA 100.1, la licenciada Gabriela Nieva Larcher quien fue suspendida por un periodo de 5 meses para ejercer su tarea partidaria señaló que En un trámite sumarísimo el Tribunal de Disciplina de la UCR cumplió su cometido, de acuerdo a los dictados de quienes ofician como jefes políticos de sus integrantes. En un fallo sin precedentes en la historia del radicalismo local y nacional, dicho órgano avanzó aplicando sobre nosotras una sanción temeraria y atentatoria en contra de la libertad de pensamiento político, en una clara maniobra de disciplinamiento, pergeñada a partir de una solicitud oportunamente presentada por nosotras ante la Junta Electoral, en la que pedíamos no se acepte la candidatura de Roberto Gómez hasta tanto se expida la justicia en el marco del proceso penal por abuso sexual que sobre él pesa. 

Con argumentos falaces y faltos a la verdad, apoya su decisión en el supuesto de haber difamado y calumniado el buen nombre del ciudadano mencionado, cuando en aquella presentación jamás vertimos juicio de valor de ninguna índole. Pero ¿qué podíamos esperar de un Tribunal de Disciplina amañado y carente de imparcialidad -teniendo en cuenta que uno de sus integrantes es empleado de Gómez y que su Vice Presidente está emparentada en forma directa con el? ¿Qué otro resultado podíamos esperar de un Tribunal de Disciplina carente de idoneidad para desempeñarse en tamaña responsabilidad, donde se pone en juego el juzgamiento de la conducta de otros radicales? El día en que fuimos convocadas a comparecer sabíamos que formábamos parte de una crónica anunciada, cuando además de todas las irregularidades mencionadas  jamás conocimos fehacientemente el procedimiento mediante el cual regiría el proceso. Proceso que los propios miembros del Tribunal desconocían.

Conocíamos los resultados de antemano, pues a todas luces propios y extraños entendían que estábamos en el centro de un engranaje persecutorio, de avasallamiento y de silenciamiento frente a una postura política que tomó la demanda social -que encarnamos desde nuestra militancia- y que plantea que ningún ciudadano con causas penales debería acceder a espacios de representación pública, pues ello justamente implica nada más ni nada menos que investir de poder a personas que no dudan en hacer uso de sus influencias para menoscabar el sufrimiento de las víctimas. ¿Qué empatía puede revestir el desenvolvimiento político de este tipo de dirigencia con conceptos como "sobrevivencias de las víctimas", "violencias" y "Derechos Humanos" en quienes justamente las vulnera?

Catamarca adolece de normativa acorde tendiente a proteger y a asegurar a personas vulnerables. Con dirigentes políticos inescrupulosos, difícilmente una agenda de Derechos Humanos será posible encarnar como propuestas a la sociedad. Resulta paradójico que clubes de fútbol y asociaciones de boxeo apartan deportistas ante la denuncia radicada en ámbitos judiciales, cuentan además con protocolos para la prevención de la violencia de género, mientras en la UCR Catamarca que como partido político enarbola las banderas de los valores republicanos, ejecutan mecanismos sancionatorios a quienes osan pedir candidatos limpios. En tanto, mientas quienes cuentan con procesos judiciales abiertos gozan de la impunidad y se resguardan en la victimización impulsada por aquellos que se mueven tras bambalinas o por otros que entre la obsecuencia y la vulnerabilidad obedecen al patrón que los oprime. 

Tenemos claro que nuestra situación se encuadra perfectamente en los parámetros de la Violencia Política, ampliamente desarrollado por organismos internacionales como OEA, CEDAW, CEPAL y que en nuestro país se encuadra en la Ley N° 27.533. No nos callarán. Nuestras banderas no declinarán

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