El oficialismo excluyó a los funcionarios del régimen de Inocencia Fiscal y consiguió dictamen en Diputados
Actualizado: 12 agosto, 2026
Con el apoyo de bloques aliados, el oficialismo logró este miércoles aprobar el dictamen de comisión del proyecto de modificación de la ley de Inocencia Fiscal, con el agregado de prohibir el blanqueo de dólares a funcionarios públicos. También consiguió apoyo para avanzar con la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, el objetivo del oficialismo y aliados es votar ambos proyectos en la próxima sesión de Diputados, que convocarán para el 26 de agosto.
En un día de guiños de LLA a aliados en Diputados, además de la cumbre encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli con 10 gobernadores del Norte Grande en Misiones, el oficialismo cedió a cambios que la oposición dialoguista reclamaba en el proyecto de Inocencia Fiscal II, como excluir a funcionarios de la capacidad para blanquear dólares del colchón en el sistema financiero formal.
También se dictaminó un proyecto sobre baja del IVA a la fécula de mandioca (un relamo de la provincia de Misiones), y se aprobaron las declaraciones de «capitales nacionales» a las ciudades de Tucumán, Santa Cruz, Corrientes, Salta, San Juan y Buenos Aires.
El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni y el presidente de la Cámara, Martín Menem, celebraron los dictámenes con una foto en redes sociales.
El proyecto de Inocencia Fiscal II que fue avalado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal con 44 firmas (32 de LLA, 1 del MID, 4 del PRO, 2 de la UCR, 1 de Independencia, 2 de Innovación Federal. , 1 de PyT, 1 de Provincias Unidas -en disidencia-), establece un régimen diferenciado que excluye a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los últimos cinco años.
La restricción incorporada incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, en los estados nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También quedan incluidos miembros de los Poderes Legislativos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, los concejales municipales y los parlamentarios del Mercosur, jueces del Poder Judicial y del Ministerio Público de todas las jurisdicciones y funcionarios de órganos de control y enjuiciamiento, como defensores del Pueblo y adjuntos, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.
El dictamen mayoritario incorpora correcciones reclamadas por contadores públicos privados con el fin de ampliar el blindaje jurídico a los contribuyentes cumplidores, reduce la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
El texto establece que los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como un canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente.
Sin embargo, no podrán acceder a la presunción de exactitud, a la liberación de fiscalizaciones ni a ningún otro beneficio o inmunidad tributaria previsto por el régimen.
