Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento universitario

La decisión de los rectores se produjo después del fallo del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional una parte del Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno avanzar con el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

En un comunicado, los rectores señalaron que la sesión en Plaza de Mayo tiene como objetivo “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, aprobada e insistida por el Congreso y respaldada por una resolución judicial que ordenó su aplicación.

El fallo que volvió a poner el financiamiento universitario en el centro de la discusión

El juez Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, dejó sin efecto la cláusula del decreto que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

Además, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario”.

La resolución corresponde a una causa iniciada a partir de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con otras universidades, para reclamar la aplicación de los principales puntos de la norma.

La ley contempla, entre otros aspectos, partidas para el funcionamiento de las universidades y mecanismos para recomponer los salarios de docentes y no docentes.

El magistrado consideró que el decreto del Gobierno no superaba un mínimo test de razonabilidad porque permitía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso con las mayorías requeridas.

El Gobierno, sin embargo, ya anticipó que apelará el fallo judicial. Fuentes oficiales confirmaron que esa será la estrategia del Ejecutivo frente a la resolución de primera instancia.

Desde la administración de Javier Milei sostienen que la aplicación de la ley tiene impacto sobre las cuentas públicas y plantean que las nuevas obligaciones presupuestarias deben contemplar las fuentes de financiamiento correspondientes.

De acuerdo con un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) citado en la discusión, el costo de la norma equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

Salarios y becas, otros puntos del reclamo universitario

El conflicto también incluye las obligaciones vinculadas con los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.

El juez Cormick había intimado al Gobierno a cumplir con esas disposiciones y, el 30 de septiembre, le otorgó nuevamente un plazo de cinco días para avanzar con las obligaciones, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.

El Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago y sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8%, por encima de la inflación tomada como referencia.

Sin embargo, el magistrado consideró que el cumplimiento acreditado era parcial y cuestionó el cálculo presentado por el Gobierno, al señalar que no estaba demostrada la actualización salarial de acuerdo con las variables establecidas por la ley.

En el caso de las becas, además, Cormick rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La medida cautelar sobre salarios y becas había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado.

Ahora, con el nuevo fallo sobre la aplicación general de la Ley de Financiamiento Universitario y la decisión del Gobierno de apelar, los rectores volverán a llevar su reclamo frente a la Casa Rosada.