La Corte Suprema de Brasil definió que Jair Bolsonaro sea juzgado por intento de golpe de Estado
Actualizado: 27 marzo, 2025
En la tercera y última audiencia, la Corte Suprema de Brasil definió que se presentará un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado para evitar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Bolsonaro, junto con otros siete acusados, incluidos altos mandos militares y exministros de su gobierno entre 2019 y 2022, fue denunciado por la Fiscalía por cargos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, vinculación con una organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio. Las penas máximas por estos delitos podrían alcanzar los 40 años de prisión.
El expresidente de Brasil estuvo en el inicio de la sesión de la mañana en la sede del STF pero luego abandonó el recinto sin dar explicaciones.
En esta sesión, los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo Tribunal de Justicia analizarán la acusación contra lo que se denomina el núcleo de la conspiración golpista y emitirán sus votos.
El juez instructor, Alexandre de Moraes, quien será el primero en pronunciarse, evaluará si la acusación presenta «elementos suficientes para la apertura de una acción penal». Luego, los otros cuatro magistrados expondrán sus votos.
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusa a Bolsonaro y otros 33 sospechosos de intentar invalidar los resultados de las elecciones de 2022, donde Lula resultó ganador, con el fin de mantenerse en el poder.
La Sala Primera del Supremo, durante el último año, dictó severas penas contra varios de los casi 500 condenados por el violento asalto a los tres poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero de 2023.
El día anterior, se llevaron a cabo dos audiencias que permitieron la lectura del informe del caso, la presentación de los argumentos de la Fiscalía y las defensas de este primer grupo de acusados.
El fiscal general, Paulo Gonet, ha reiterado que Bolsonaro fue el principal responsable de orquestar la trama golpista, junto con el exministro y general retirado Walter Braga Netto, con el objetivo de asegurar su permanencia en el poder «a toda costa» tras las elecciones de 2022, que fueron ganadas por Lula.
Gonet afirmó que el intento de golpe comenzó a gestarse en 2021, durante la presidencia de Bolsonaro, y se intensificó cuando Lula recuperó sus derechos políticos tras la anulación de sus condenas por corrupción ese mismo año.
A continuación, las defensas de los ocho acusados presentaron sus argumentos, calificando la querella como una «narrativa inepta» llena de «conjeturas» y «mentiras». Los abogados pidieron la nulidad de la causa alegando violaciones al debido proceso legal, como la falta de acceso a las pruebas originales y el hecho de que la policía realizó registros sin buscar pruebas concretas, entre otras irregularidades. Sin embargo, los magistrados rechazaron estas alegaciones.
Posteriormente, se votaron los recursos presentados por los acusados, quienes alegaban agravios reglamentarios e irregularidades durante el desarrollo de la causa. Todos los recursos fueron desestimados.
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