Diputados aprobó el proyecto para aliviar a deudores de créditos UVA
Actualizado: 6 julio, 2023
Se aprobó la Ley Olimpia, que penaliza la «sextorsión»
Con dictamen mayoritario, ingresó al recinto la Ley Olimpia que busca modificar la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para tipificar la violencia digital -a través de la extorsión y difusión no consentida de material sexual- como delito penal. A su vez, la normativa habilita a los jueces a la remoción del contenido íntimo del entorno digital.
La propuesta, consensuada entre propuestas de las diputadas bonaerenses de Mónica Macha (Frente de Todos) y de Danya Tavela (UCR), obtuvo media sanción con 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención. “Esta es una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento de este tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, de redes sociales, del uso del internet”, argumentó Tavela.
Un estudio de Amnistía Internacional relevó que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales; el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.
“Hay líneas de mercado sexual de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas”, apuntó Macha y explicó que “la llamamos ley Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento que cuando denunció le dijeron que no estaba penalizado y que se relaciona con la ley Belem, una niña que se suicidó por la violencia en las redes digitales”.
En qué consiste el proyecto de ley para deudores de créditos UVA
La propuesta busca revaluar los criterios de adecuación de las cuotas, garantizando que los montos a pagar por el deudor hipotecario tomen como referencia a el índice mensual que dé más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC, que mide la inflación promedio.
Además, se establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
La iniciativa crea un «Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)» que tendrá como finalidad compensar los desbalances entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo. En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas.
El Banco Central hará un aporte mensual, «con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera», para el fondo compensador.
Sin embargo, la propuesta tiene como contraparte a otra que obtuvo un dictamen alternativo y fue creada por el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical), junto a un sector de la oposición que incluye a diputados del PRO y la Coalición Cívica.
