Actualizado: 13 agosto, 2025
Este miércoles se cumple el plazo que el Tribunal Oral Federal 2 le impuso a los nueve imputados en la causa Vialidad para que, en forma solidaria, paguen un total de u$s537 millones como parte de la condena por defraudación al Estado. Horas antes de ejecutarse el decomiso, la defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito en el que afirma que no tiene el dinero suficiente para hacer frente a los $684.000 millones y apeló el cálculo de la actualización del mismo por IPC.
En una intimación firmada por el juez de ejecución Jorge Gorini, se le daba a los imputados diez días hábiles de tiempo para pagar o, de lo contrario, se le ejecutarán los bienes. Ese plazo vence este miércoles 13/08. Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron este martes una respuesta a la intimación por un lado y la apelación de la redeterminación de la cifra final realizada por el Tribunal. Además, reclamaron que el caso lo trate el fuero civil y comercial.
En uno de los escritos, Cristina sostiene que no tiene bienes que sean “instrumentos, producto o provecho del delito” y que toda su evolución patrimonial y la de su familia fue declarada legítima en causas anteriores con sentencias firme. Por ese motivo, para la defensa, el decomiso de los bienes implicaría “violar la cosa juzgada y el principio de legalidad”.
Para Cristina, además, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no determinaron fehacientemente qué bienes de CFK habrían sido producto de la defraudación al Estado que ellos dieron por probada, por lo tanto, no podrían ejecutarle bienes obtenidos de manera lícita. En esa misma línea, afirma que podría afectarse con la medida a terceros. En concreto, a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, “legítimos propietarios por herencia” en forma previa a la condena.
