Ley ómnibus: diputados reciben última versión del proyecto y Menem se reúne con jefes de bloque
Actualizado: 29 enero, 2024
“Si hay ánimo de apoyar, ya se avanzó mucho. Si empezamos otra vez artículo por artículo, no. El gobierno hizo cambios aceptando las propuestas de distintos sectores. No sigan tirando de la cuerda”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos. En el Gobierno entienden que los mandatarios de Juntos por el Cambio son voraces: que una vez obtenida una concesión piden otra. Y así indefinidamente. Por otra parte, en la oposición observan que la negociación con Francos luego se desautoriza desde el círculo más íntimo del Presidente.
Por otra parte, las propias internas del radicalismo obstaculizan un voto homogéneo. El ala más dura, con Facundo Manes al frente, amaga con rechazar también en general. O acaso abstenerse para tomar distancia de UP. En el bloque de 23 diputados de Pichetto hay también posiciones más duras, como el de la socialista Mónica Fein o sectores de la Coalición Cívica. Algunos provincialismo, por su parte, muestran menos predisposición tras las amenazas a los gobernadores, que calan hondo no solo en dirigentes, sino también en los habitantes de esas provincias, que sienten más identificación con mandatarios locales que con el león libertario.
El nuevo texto también retoma el rol querellante de la Oficina Anticorrupción. Respecto a las emergencias, quedan en pie la de las materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024, con opción de prórroga por un año con aprobación del Congreso. Ya era sabida la eliminación del articulado referido a blanqueo de capitales, retenciones, moratoria, Bienes Personales, la ley de Ganancias y fórmula de actualización previsional.
Asimismo, se elimina el artículo que establecía la transferencia de activos del FGS de la Anses al Tesoro. Si bien Luis Caputo dejó afuera el capítulo fiscal, se mantiene la parte de impuestos internos, transparencia fiscal, otras medidas, como la asignación específica del impuesto PAIS.
El oficialismo también aceptó dejar afuera la facultad de disolución para el caso de: empresas públicas, universidades y entidades incluidas en el inciso c del art. 8 e la Ley 24.156 (INTA y Conicet).
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