Oposición solicitó se corrija la valuación fiscal para atenuar el aumento del Inmobiliario

Actualizado: 10 junio, 2024

En la última sesión de la Cámara de Diputados ingresó un proyecto del bloque de la UCR por el que solicita que se modifique la base imponible del impuesto inmobiliario y a su vez, establecer una nueva escala para la percepción del mismo con la intención de atenuar el impacto negativo en la economía, dado que se produjeron aumentos que excedieron los límites de la ley Impositiva.

Luego argumentó que “este procedimiento se llevó a cabo de manera incorrecta y en contravención de las normativas establecidas para su imposición. El artículo 140 del Código Tributario establece que la base imponible del impuesto inmobiliario se determina según la valuación fiscal realizada por la Administración General de Catastro, tomando como referencia la valuación actualizada al último mes del año anterior. Es decir, para el establecimiento de la base imponible del año 2024, se debe considerar la valuación fiscal vigente al 31 de diciembre de 2023”.

Indica que el aumento desproporcionado del impuesto, establecido mediante la Disposición DGC N° 145/2023, “excedió el límite permitido por la Ley Impositiva para el ejercicio 2024, el cual fijaba un tope del 150%”.

“Este incremento del 300% rebasó las facultades normativas y no se ajustó al tiempo requerido para su aplicación, ya que la disposición fue publicada el 12 de enero de 2024, cuando fue dictada el 30 de noviembre de 2023. Según el artículo 103 de la Ley de Catastro N° 3.585, los valores asignados a los inmuebles deben ser exhibidos durante treinta días antes de entrar en vigencia, permitiendo a los contribuyentes formular reclamaciones”.

En este marco menciona que los nuevos valores no fueron debidamente publicados para permitir que los contribuyentes presentaran objeciones, contraviniendo así la normativa vigente. «Estas acciones privaron a los ciudadanos de su derecho legítimo y los obligaron a pagar un impuesto excesivo sin la posibilidad de expresar su opinión sobre su justificación, viabilidad y equidad».

Es por eso que considera que dadas «estas infracciones graves, contrarias a los principios tributarios y lesivas para los contribuyentes, es necesario retrotraer o mitigar el impuesto a través de las facultades establecidas en la normativa».

Aclara que la iniciativa no busca solo criticar el establecimiento incorrecto de las valuaciones fiscales, que ha generado una carga económica excesiva para los habitantes de Catamarca, sino también proponer una solución que concilie los intereses del Gobierno Provincial con los de los ciudadanos.

Explica que el Código Tributario otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificar los montos mínimos y máximos para cada tramo impositivo, ajustándolos a la capacidad contributiva de los ciudadanos.

En este marco, la iniciativa propone considerar el impacto financiero negativo que el aumento ha tenido en el patrimonio de los catamarqueños, así como en la recaudación de impuestos. «A pesar del aumento en el monto del impuesto, las percepciones han disminuido en un 20 por ciento en comparación con el año anterior», sostiene.

En definitiva el proyecto contempla dos partes. Por un lado, exhortar al Poder Ejecutivo «para que, en uso de la facultad contenida en el art. 133 del Código Tributario de la Provincia, modifique los montos mínimos y máximos establecidos para cada tramo de progresividad contenidos en la Ley Impositiva para el ejercicio fiscal del año 2024, readecuándolos a esquemas de justa contribución progresiva en función de la real capacidad contributiva de los contribuyentes del impuesto inmobiliario».

Por otra parte, modificar la base imponible del impuesto inmobiliario a través de una determinación parcial de la valuación fiscal que fuera establecida de manera incorrecta por la Disposición 145/2023 y publicada en el Boletín Oficial N° 4 de fecha 12 de enero del año 2024, esto con el objeto de atenuar el impacto negativo en la economía de los catamarqueños.

Desde el ARCA habían argumentado que el cálculo sobre el valor de los inmuebles se había actualizado porque tenía cierto atraso en comparación con otras provincias. El Gobierno se había comprometido a corregir la medida.