El Tribunal de Enjuiciamiento dejó sin efecto el jury contra el fiscal Hugo Costilla
Actualizado: 3 octubre, 2025
El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió dejar sin efecto el proceso de jury iniciado contra el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, en el marco del denominado caso Wika.
La decisión se tomó luego de que el fiscal del Tribunal, Guillermo Narváez, considerara que no existían elementos suficientes para formular una acusación formal. Su postura fue determinante para el archivo del expediente y dejó sin efecto la continuidad del proceso disciplinario.
Según confirmaron fuentes judiciales, el Tribunal se reunió este viernes para analizar la situación y resolvió archivar la causa, dando por finalizado el jury contra el funcionario judicial.
El expediente investigaba el desempeño de Costilla en causas vinculadas con Adhemar Bacchiani y el empresario Cristian Guillou, relacionadas con el predio Wika. Narváez había presentado un escrito en el que sostuvo que no halló irregularidades en la actuación del fiscal denunciado.
Antes de que se concretara la decisión de los miembros del Tribunal, Cristian Guillou presentó un escrito solicitando que el los miembros revean la decisión sobre la posibilidad de dejar sin efecto el jury. En el documento, apuntó directamente contra Narváez, a quien acusó de anteponer su amistad personal con Costilla a sus obligaciones legales.
Guillou citó expresiones del propio Narváez al intentar apartarse de la causa, cuando sostuvo:
«Quiero morir siendo fiel a mis convicciones con mi conciencia en paz… pero en modo alguno puedo lograr ser objetivo de la sangre derramada por quien uno respete, aprecia y tiene una amistad de muchos años».
Para el empresario, estas declaraciones constituyen «una confesión de parcialidad» que explicaría la posterior decisión de Narváez de no acusar, pese a la obligación legal y a resoluciones firmes del Tribunal.
Guillou advirtió que archivar el caso equivaldría a dejar sin efecto la Resolución N° 26/2025, que había declarado procedente el enjuiciamiento, y cuestionó que se pretenda «revocar una decisión jurisdiccional firme mediante un atajo irregular, sin citación ni sentencia».