Cristina Kirchner denunció ante la ONU que fue proscripta y pidió suspender su inhabilitación perpetua
Actualizado: 30 julio, 2026
Cristina Kirchner llevó su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A través de una comunicación individual presentada en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ex presidenta denunció que el proceso judicial tuvo como objetivo impedir su participación electoral y reclamó medidas cautelares urgentes, entre ellas la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En la presentación, la defensa sostiene que el juicio por el caso Vialidad constituyó una violación de múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirma que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, mientras que “la condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones” y que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.
El documento también cuestiona la legalidad de la condena. Entre otros puntos, sostiene que a la ex mandataria “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente”, que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente” y que “se impidió una adecuada defensa”.
Otro de los ejes de la denuncia contra el Estado argentino advierte la falta de imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa.
Según la presentación, “los órganos judiciales no fueron los jueces naturales”, existieron “mecanismos irregulares de asignación de causas (‘forum shopping’)”, jueces y fiscales “mantenían relaciones personales con dirigentes políticos opositores” y el proceso “fue decidido por tribunales parciales”.
Además, se denuncia la violación del principio de presunción de inocencia. El escrito afirma que “desde el inicio del proceso existió una presunción de culpabilidad” e incluso sostiene que “el actual Presidente de la Nación habría presentado públicamente la condena como una decisión impulsada por él”.
La presentación también cuestiona el desarrollo del juicio por supuestas restricciones al derecho de defensa. Entre ellas, menciona la “incorporación de pruebas provenientes de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción”, el “acceso privilegiado de la acusación a documentación negada a la defensa” y “limitaciones relevantes al ejercicio del derecho de defensa”.
Respecto de las instancias de revisión, la defensa sostiene que la Cámara Federal de Casación Penal “no examinó realmente los agravios formulados por la defensa”, que “las instancias revisoras no realizaron un control efectivo de la condena” y que “en la práctica no existió una verdadera revisión judicial”.
También invoca una violación del principio ne bis in idem, al señalar que 49 de las 51 obras públicas ya habían sido objeto de investigaciones anteriores concluidas mediante archivo o sobreseimiento.
