La Cancillería rechazó la guía británica para proteger a empresas que operan en Malvinas y advirtió que profundizará las sanciones
Actualizado: 16 septiembre, 2026
La Cancillería argentina rechazó la guía publicada por el Gobierno británico para promover actividades comerciales en las islas Malvinas y cuestionó especialmente los proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. En paralelo, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas contra empresas e inversores que participen en actividades que considera ilegales en la plataforma continental argentina.
El documento británico, titulado “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las islas Malvinas”), busca promover oportunidades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes. Frente a esa iniciativa, la Cancillería expresó «su más enérgico rechazo» y reafirmó la posición argentina sobre la soberanía de los territorios en disputa.
«La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido», sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como parte de las acciones desplegadas, la Cancillería informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países. Además, inició 60 procedimientos administrativos y señaló que el canciller Pablo Quirno realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y a sus directivos.
El Gobierno también reiteró su disposición a retomar las negociaciones con el Reino Unido. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en un diálogo «constructivo y sustantivo» para resolver la disputa de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes, en línea con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras resoluciones del organismo.
Finalmente, la Cancillería advirtió a las empresas y personas que mantengan vínculos comerciales con las islas sin contar con las autorizaciones correspondientes que el Estado argentino recurrirá a las vías administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles para defender sus derechos soberanos y avanzar contra quienes participen de actividades que el Gobierno considera una explotación ilegal de los recursos naturales.
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