El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso
Actualizado: 16 octubre, 2026
El Gobierno nacional denunció penalmente a los manifestantes involucrados en los incidentes registrados este jueves durante la marcha universitaria frente al Congreso. La presentación, impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, apunta contra los responsables de los enfrentamientos con las fuerzas federales y contempla posibles delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado.
En la presentación judicial se plantea la hipótesis de que los disturbios tuvieron como objetivo interferir en el funcionamiento del Congreso, que se encontraba sesionando durante la protesta. Los enfrentamientos dejaron ocho efectivos de las fuerzas de seguridad heridos, y según informaron en A24, Gendarmería arrestó a alrededor de 31 personas.
El escrito judicial, firmado por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, sostiene que algunos de los manifestantes actuaron deliberadamente con sus rostros cubiertos para evitar ser identificados.
Según la presentación, los involucrados “con los rostros cubiertos a fin de no ser identificados, dañaron el erario público” y utilizaron elementos contundentes para atacar tanto la infraestructura de la zona como a los efectivos que participaban del operativo. Los funcionarios denunciaron que los manifestantes arrojaron “objetos contundentes y peligrosos” contra integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales, provocando lesiones durante distintos momentos de la jornada.
La presentación describe una sucesión de agresiones y caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de los ataques, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo de seguridad establecido por el Ministerio. A partir de estos hechos, el Gobierno solicitó la apertura de una investigación federal para determinar las responsabilidades individuales y avanzar con las posibles imputaciones.
Para avanzar con la investigación, el Gobierno solicitó incorporar grabaciones de los incidentes, registros de cámaras públicas y privadas, informes de los operativos y documentación médica de los efectivos heridos.
El objetivo es reconstruir cómo se desarrollaron los enfrentamientos, identificar a quienes arrojaron objetos contra los uniformados y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.
