«El Club Social está atentando contra los empleados de Caravati»
Actualizado: 31 agosto, 2023
El propietario del Bar Caravati y otros espacios acusó al presidente del Club Social de un «atentado calificado» contra los empleados. Los empleados del Bar Caravati, que funciona en la planta baja del Club Social ’25 de Agosto’, se manifestaron en defensa de sus puestos de trabajo, ante la posibilidad de cierre del restaurante que funciona allí hace 14 años.
El propietario de la empresa, Esteban Cano, denunció una maniobra malintencionada del presidente del Club, el abogado Arturo Navarro y pidió la intervención de organismos estatales para solucionar el conflicto. Además, anticipó que tanto él como el sindicato de UTHGRA analizan acciones legales por supuestos maltratos que vivieron algunas empleadas, quienes denuncian “hostigamientos” de parte de los socios.
Esteban Cano, propietario de este y otros emprendimientos, apuntó directamente al presidente del Club Social, pidió por la intervención del resto de los “socios dignos” y también del Estado para llegar a una solución; al tiempo que negó que la situación se trate de un inconveniente económico de la empresa.
“Más de un organismo del Estado debería intervenir, porque hay un Estado que se esfuerza todos los días por generar fuentes de trabajo privadas y nos encontramos con el presidente de un club, como Arturo Navarro, club que tiene fines sociales y está atentando contra 35 fuentes de trabajo directas”, reclamó Cano, respecto de la decisión de no renovar el alquiler del local, que según él fue intempestiva.
“Detrás de ese atentado al trabajo, imagino que intervendrán algunos organismos estatales. De mínimo debería haber una intervención de Personería Jurídica. No puedo entender la situación. Creo que es un atentado calificado, porque Arturo Navarro es abogado y sabe perfectamente que su falta de empatía y su irresponsabilidad no solo provocan la pérdida de los empleos, sino que atentan contra una empresa con empleados de 14 años de antigüedad que en el caso de despedir debería indemnizar con una suma de dinero extraordinaria. Es una decisión tomada con total y absoluta mala intención”, insistió el empresario.
En esa línea, remarcó que el conflicto no responde a una situación económica de la empresa. “Somos una empresa seria. No tenemos deuda impositiva, no debemos sueldos. Detrás de los 600 puestos de trabajo que tenemos, el índice de judiciabilidad es bajísimo. La empresa no tiene dificultades económicas, está muy bien administrada”, remarcó.
Además, dijo que buscará evitar desvincular a los empleados, pero pidió que el Estado intervenga. “Hacemos un enorme esfuerzo en una situación muy complicada. Detrás de ese esfuerzo, de alguna manera buscaremos contener a los trabajadores, pero no me parece que eso deba ocurrir y esperamos que los ‘socios dignos’ de este club, que son muchos, tengan la capacidad y la valentía de tomar una decisión distinta a la del presidente Arturo Navarro y que el Estado pueda intervenir y detrás de esa intervención se llegue a una solución”, remarcó.